La Doctrina Parot y el Tribunal de Estrasburgo.

 Asistimos estos días al lamentable espectáculo de la puesta en libertad de algunos de los presos de ETA más sanguinarios, de los violadores más repulsivos y de los asesinos más recalcitrantes que la sociedad ha dado. La causa la sabemos todos, la Sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. He oído en radio y televisión y he leído en los periódicos y redes sociales testimonios de personas completamente desoladas, y no es para menos. Todos me han conmovido sobremanera, aunque tengo que reconocer que aquellos que más me han levantado la piel han sido los de mis compañeros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la Fuerzas Armadas. Uno conoce de primera mano nuestro sufrimiento, el de nuestras familias y el de nuestros amigos y sabe que no es para menos. Estamos indignados y eso se nota, se percibe hasta en los rostros de los que a diario trabajan con nosotros.

Tampoco olvido, por muy dolido que esté, que la sentencia también deja otras víctimas colaterales, aquellas a las que han violado en un ascensor, en una explanada o en una casa abandonada de la sierra de Alcira. No voy a relacionar aquí a toda la ralea de delincuentes que van a quedar libres ni sus execrables delitos ni a sus desamparadas víctimas, pero si quisiera hacerles llegar a estas últimas un fuerte abrazo a través de estas líneas.

Aclarado todo lo anterior voy a dirigir mi crítica contra aquellos que yo creo son los verdaderos culpables de la situación actual, que no son ni el Juez López Guerra ni sus colegas del tribunal de Estrasburgo ni los jueces y magistrados del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas ni las Audiencias Provinciales, no, los auténticos responsables del tema son nuestra ínclita clase política. Y conste que no salvo a ninguno, ni de derechas ni de izquierdas, porque en este caso ninguno ha estado a las alturas de las circunstancias. Pero antes hagamos un pequeño ejercicio pedagógico.

El primer concepto que se debe dominar al respecto es el de ley. La ley es la norma básica del ordenamiento jurídico, las hay de dos rangos: Orgánicas y Ordinarias, pero en cualquier caso, para que sean válidas han de estar: sancionadas, firmadas por el Rey y refrendas (avaladas) por un miembro del Gobierno. Promulgadas, orden escrita que obliga a su conocimiento y cumplimiento tras ser firmadas por el Rey. Y por último Publicadas, insertadas en el Boletín Oficial del Estado.

El Estado es el único con derecho a castigar las infracciones a la norma jurídica establecida, pero éste no es un poder arbitrario e ilimitado. Su aplicación exige una seguridad jurídica para el ciudadano, que se traduce en una serie de resortes limitadores de esa facultad estatal, y el más importante es el “Principio de Legalidad”. Principio que queda resumido en el aforismo latino: “Nullum crimen, nulla poena sine lege”. Que traducido e interpretado dice: No hay crimen ni castigo sin ley que lo defina y lo sancione.

Este principio queda garantizado por nuestra carta magna en su artículo 9.3 y lo define en el 25.1 del mismo texto, al enunciar: “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”. Y consagra y da carta de naturaleza a las siguientes garantías penales:

a) Garantía criminal. No hay delito sin ley, ningún hecho puede ser considerado como delito sin que una ley anterior lo haya calificado como tal, es decir, que si pensamos en una conducta delictiva, por muy antisocial que fuese, no podríamos castigarla de no estar recogida en el Código penal y así está previsto en el art. 1.1 de nuestro vigente Código Penal, al disponer: “No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito o falta por Ley anterior a su perpetración”, e igualmente en el art. 4.1 de dicho texto, dice: “Las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas” y el 4.2, previene: “En el caso de que un Juez o Tribunal en el ejercicio de su jurisdicción, tenga conocimiento de alguna acción u omisión que, sin estar penada por la ley, estime digna de represión, se abstendrá de todo procedimiento sobre ella y expondrá al Gobierno las razones que le asistan para creer que debiera ser objeto de sanción penal”, y que se ratifica asimismo en el art. 10, al decir: “Son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley”.

b) Garantía penal. No hay pena sin ley, o lo que es lo mismo. No podrá imponerse pena alguna que no haya sido establecida previamente por la Ley. Esta garantía penal está recogida en el art. 2.1 del Código Penal, cuando dice: “No será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle prevista por Ley anterior a su perpetración”.

c) Garantía procesal (judicial o jurisdiccional). No hay pena sin juicio legal. Esta garantía judicial o jurisdiccional, está contenida en el art. 3.1 del Código Penal, y preceptúa: “No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme, dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales” (Recordamos que una sentencia es firme cuando no cabe contra ella recurso alguno).

d) Garantía ejecutiva o administrativa (de ejecución o de procedimiento). En el sentido de que las penas han de cumplirse en los términos prevenidos en la Ley y los reglamentos. También esta garantía de ejecución o procedimiento está contenida en el Código Penal, concretamente en su art. 3.2, cuando dice: “Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la Ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. La ejecución de la pena o medida de seguridad se realizará bajo el control de los Jueces y Tribunales competentes”.

Y ¿qué es lo que ocurrió? Pues que allá por 2006, ante el escándalo de una eminente y prematura excarcelación, fruto de un sistema penal excesivamente garantista, de los peores delincuentes que una sociedad puede engendrar, entre los que se encontraba Henri Parot, con 82 crímenes a sus espaldas, surge la Doctrina[1] que lleva su nombre. Según ésta, el reo con varias condenas las cumple de forma sucesiva, empezando por la más grave, hasta llegar al límite máximo, y los beneficios penitenciarios se le van descontando del total de cada una de las penas y no de los 30 años máximos que al final son efectivamente cumplidos, según el Código Penal del 73. Los resultados de su aplicación son notables, presos que ya deberían estar en la calle hace años han visto alargado el tiempo de cárcel. Pero sólo era eso, una doctrina elevada a jurisprudencia[2] por el Tribunal Supremo, que no cumplía ni una sola de las características expuestas ni se adaptaba a ninguno de los principios explicados.

 ¿Por qué ocurrió? Porque el poder legislativo no hizo nada al respecto y durante décadas miró hacia otro lado, dejando a los tribunales desamparados de leyes o con una legislación excesivamente benévola. Ante tal panorama, éstos llevaron a cabo un trabajo que, como ya he dicho, el legislador no asumió o no quiso asumir en su debido momento y, por ende, no llegó a adquirir el rango de ley. Ese es el motivo por el que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo nos ha afeado la conducta y la causa de las prisas de los tribunales españoles en excarcelar a los presos.  Los países que han obviado las decisiones del tribunal de Estrasburgo sí tenían normas escritas al respecto que sí garantizaban la acción judicial.


[1] Se entiende por doctrina un conjunto de teorías realizadas por expertos, una opinión, que no constituye una fuente formal de derecho, es decir, carece de fuerza obligatoria.

[2] la jurisprudencia no es fuente de derecho, sólo evidencia un vacío legal ocupado por una decisión judicial, más o menos plausible.

 

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Acerca de Marchal-Sabater

Pseudónimo del escritor murciano nacido el 6 de agosto de 1964. En los años ochenta ingresó en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e inmediatamente fue asignado a los servicios de información, circunstancia que le llevó a ser testigo de numerosos acontecimientos de la transición, en diferentes lugares de la geografía española: País Vasco, Cataluña o Madrid. En algunas de sus novelas refleja parte de ese pasado, describiendo algunos hechos tal y como sucedieron y otros adaptándolos a la trama, sin desvirtuar la realidad. En su currículo cuenta con varios premios literarios, como el del certamen de micro-crímenes de Falsaria 2012 y el 2º premio de relatos cortos organizado por el Ayuntamiento de Lorquí (Murcia), dentro de la celebración de la II Semana Cultural 2013. Autor de: "El Valle de las Tormentas" y "Bajo la Cruz de Lorena"
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